Glosario

Recopilación de términos claves en torno al proceso Constituyente

                                                                           Febrero 2020 

Cada capítulo de la Constitución Política se compone de distintos artículos, los que desarrollan cada una de las disposiciones numeradas de la Constitución. La Constitución Política de 1980 está compuesto de 129 artículos.

 

Aunque no tiene una definición legal, es una instancia en la que un grupo de ciudadanos y ciudadanas, haciendo uso del Poder Constituyente originario, se reúne para discutir y diseñar las nuevas normas constitucionales que se aplicarán a toda la población de un país. El resultado de este trabajo se manifestará en una nueva Constitución. Las personas que participan en dicha instancia son electas por Sufragio universal, es decir, votación popular directa, y, en consecuencia, actúan como representantes de la población. Cada proceso constitucional ha determinado sus mecanismos de regulación para ordenar el debate al interior de la Asamblea y escoger las ideas que configurarán el texto definitivo. (Ver: Convención Constituyente)

 

El Cabildo es un encuentro ciudadano organizado, de vocación masiva o por área temática, de carácter consultivo, en el que se conversa sobre aspectos sociales, demandas ciudadanas y sus posibles soluciones en materia de política pública. Pueden ser convocados por autoridades o bien autoconvocados, es decir, impulsados por la propia ciudadanía.

Los Cabildos Autoconvocados son aquellos encuentros deliberativos en los que un grupo de personas se reúne para discutir libre y horizontalmente algunos de los temas de interés común que propongan a la asamblea.

Se refiere a la división que se hace en cualquier escrito para el mejor orden y más fácil comprensión de la materia. La actual Constitución, que está vigente desde 1980, está dividida en base a 15 capítulos, que a su vez están compuestos de artículos. Se separan distintas materias como Nacionalidad y Ciudadanía, Derechos y Deberes Constitucionales, Gobierno y Congreso Nacional.

Según lo define la Constitución actual, son todos los/as chilenos/as que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.

Es un grupo de expertos/as y personas consideradas como notables dentro de la sociedad, generalmente abogados/as y profesionales relacionados/as al derecho constitucional, encargadas de la elaboración de la nueva Constitución. Esta comisión está conformada por personas designadas por el Presidente (Poder Ejecutivo) o el Congreso (Poder Legislativo), y no electas vía sufragio popular. Ya que no hay una regulación para una entidad de esta naturaleza, cualquier decisión o acuerdo que los expertos tomen, será de carácter consultivo.

Grupo compuesto por un panel de expertos/as, designados/as por los partidos que suscribieron el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, que tuvieron el objetivo de determinar todos los aspectos indispensables para el proceso que podría llevar a una nueva Carta Magna, aclarando todos los puntos que no quedaron zanjados en el documento firmado por las fuerzas políticas, incluyendo la forma en que se elegirán.

Se refiere a la propuesta de formar una comisión de diputados/as y senadores/as, electos/as entre cada uno de los miembros de ambas Cámaras, con el objetivo de cambiar la Constitución Política, en el plazo de un año aproximadamente. En esta instancia pueden ser oídos eventualmente representantes de organizaciones sociales o gremiales y expertos, pero es el Congreso quien se arroga el poder constituyente. El Gobierno de Chile, a inicios de noviembre de 2019, propuso esta vía para discutir y redactar un nuevo orden constitucional, y propuso su posterior ratificación mediante un Plebiscito. Finalmente esta alternativa fue desechada por los partidos de gobierno y se optó por incluir dentro del plebiscito la vía de Convención Mixta Constitucional junto con la vía por Convención Constituyente.

Organismo encargado de asesorar al Presidente en temas relacionados a la seguridad nacional y a las bases de la institucionalidad. Está integrado por el Presidente, los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República. Sólo se reúnen cuando son convocados por el Mandatario. Las actas del Consejo serán públicas, a menos que la mayoría de los miembros determine lo contrario, y sus determinaciones son de carácter consultivo.

Sede del Poder Legislativo y en Chile se estructura de forma bicameral: la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad a la Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece. La Cámara de Diputados está integrada por 155 miembros, mientras que el Senado está compuesto por 43 escaños.

Carta Fundamental vigente. Fue redactada durante la segunda mitad de la década de los setenta. En su redacción participaron varios juristas, como Jaime Guzmán Errázuriz, Sergio Diez y Alejandro Silva Bascuñán, además del ex Presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Esta Constitución reforzó el sistema presidencialista de gobierno que ya tenía la Constitución Política de 1925, creó el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), dispuso un tipo de democracia tutelada, que se expresa, entre otras cosas, en que en sus comienzos explícitamente excluía de la vida política y civil a los partidos y movimientos de izquierda de orientación marxista o anticapitalista, y en el hecho que a la fecha no asegura la subordinación del poder militar al poder político civil. Además, estableció un Estado Subsidiario, independizó al Banco Central del Poder Ejecutivo, creó la figura de los senadores designados y la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Por último, estableció que el Presidente en ejercicio, Augusto Pinochet, se mantendría en el poder hasta 1988. Se aprobó el 11 de septiembre de 1980 en un plebiscito que se realizó sin registros electorales, sin acceso de la oposición a los medios de comunicación y sin control de ningún tipo sobre el acto.

Es una ley considerada “la madre de todas las leyes”. Esto porque tiene mayor jerarquía normativa que las demás leyes y orienta sus contenidos. Establece los derechos y deberes de las personas, así como también regula la organización y el funcionamiento de los poderes públicos. Su objetivo es limitar el poder político para garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de las personas.

 

Chile ha tenido diez textos constitucionales en su historia, el primero firmado en 1811 y que tenía características de Reglamento Constitucional. Las tres más recientes son la Constitución de 1833, bajo el mandato de José Joaquín Prieto; la de 1925, que fue promulgada por Arturo Alessandri Palma, y que marcó el fin del régimen parlamentario e instauró el presidencialismo en Chile; y la actual Constitución que entró en vigencia en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

A diferencia de una Asamblea constituyente, que supondría la autonomía total en su funcionamiento, la Convención Constitucional es una instancia en la que un grupo de ciudadanos y ciudadanas, haciendo uso del Poder Constituyente originario, se reúne para discutir y diseñar las nuevas normas constitucionales que se aplicarán a toda la población de un país, pero que está normada por las reglas establecidas en la Constitución Política de 1980 y el parlamento.

 

Entonces, la principal diferencia con una Asamblea Constituyente es que las reglas sobre la discusión del nuevo texto constitucional y sobre los quórums de aprobación de las nuevas normas, son fijadas por el actual Congreso Nacional y por una comisión de expertos/as; estableciéndose un quórum de 2/3 para la aprobación de todas las materias que regule la nueva Constitución. En la experiencia comparada de Asambleas Constituyentes, en cambio, los/las delegados/as electos/as determinan las normas de funcionamiento y aprobación de la Asamblea y no otras instancias previas como el Congreso Nacional o un grupo de expertos/as.

Si bien no tiene una definición legal, es una comisión encargada de la elaboración de un nuevo texto constitucional, integrada por miembros de ambas Cámaras del Congreso e igual número de ciudadanas y ciudadanos electos o designados/as para este fin. Esta alternativa, junto a la alternativa de la Convención Constitucional, se plebiscitará en abril de 2020, de acuerdo al compromiso suscrito en el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” por los partidos de gobierno y varios de los partidos de oposición, firmado el 15 de noviembre de 2019.

Las cuotas (de género, pueblos indígenas u otra población en específico) son dispositivos de discriminación positiva (o acción afirmativa) usualmente utilizadas en procesos de elección popular. Estas pueden establecer, por ejemplo, un mínimo de cupos o porcentajes de candidatos/as de la población en cuestión en el momento de postulación. Las cuotas tienen un carácter correctivo, excepcionales al funcionamiento normal del sistema y por lo general son aplicadas por un número de ciclos de elecciones definidos de antemano.

 

La discriminación positiva busca “compensar” desigualdades o injusticias históricas otorgando gratificaciones (subsidios, cupos, etc.).

Es un sistema de democracia en la que el pueblo ejerce su soberanía directamente sin la elección de terceros/as ni la intermediación de órganos representativos. Se funda en el ejercicio de la soberanía popular y se expresa en instancias como la iniciativa popular de ley, de veto o la facultad para decidir mediante plebiscito algunos de los principales asuntos públicos de interés general, además de impugnar directamente el mandato representativo.

Es la forma de democracia que tiene actualmente Chile. Consiste en una manera de régimen político democrático en el cual la ciudadanía escoge a un/a tercero/a (diputados/as, senadores/as, etc.) para que represente sus ideas en las diversas instancias resolutivas. Esto se realiza mediante elecciones, las cuales deben ser libres y periódicas, según las normas constitucionales preestablecidas, con sufragio universal, secreto, personal, igual y debidamente informado de los ciudadanos.

Corresponden a los derechos propios de todos los seres humanos, es decir, son esenciales y permanentes en todas las personas, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua o religión. Entre ellos, se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación, a la protección de la infancia y al trabajo digno. Pueden distinguirse en libertades (como la libertad de opinión), derechos sociales (como la salud y la seguridad social) y otros (como el derecho a un medio ambiente libre de contaminación). Los derechos humanos son un límite a la soberanía de los Estados, siendo obligatorio para toda nación, institución y todo pueblo siempre respetarlos.

La palabra derogación implica la abolición o anulación de una ley. Una la derogación orgánica “se produce cuando una nueva ley regula todo aquello que estaba dispuesto en una norma anterior, aun cuando no exista antinomia entre ambas”. Este es el mecanismo que según el acuerdo de las fuerzas políticas, debería regir si es que se aprueba una nueva Constitución: apenas se produzca su promulgación, la Constitución anterior tendrá una derogación orgánica.

Según lo trazado en el acuerdo político para una nueva Constitución, es el quórum definido que tendría la Convención Constitucional o Convención Mixta para aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas.

Los escaños reservados responden al mismo principio de las cuotas en el sentido de que son un dispositivo de discriminación positiva (acción afirmativa) de carácter correctivo. Se utilizan para segurar, o para inducir, la presencia y representación de ciertos grupos sociales en la legislatura nacional. Estos grupos sociales usualmente son grupos étnicos, pero también se utilizan para otras fuentes de identidad social (ej: identidad lingüística, nacional, o geográfica).

 

En el contexto del actual proceso constituyente, se han contemplado escaños reservados para las poblaciones indígenas definidos en proporción a la población (Aimara, Atacameños, Coyas, Diaguitas, Mapuche, Quechuas, Rapa Nui, Kawashkar y Yagán)- 18 escaños reservados para la Convención Constitucional y 21 para la Convención Mixta Constitucional, descontandolo del total de representantes. Operará por padrón diferenciado (padrón electoral indígena) que se conformará por la base del registro de Comunidades Indígenas de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI), vigente el 26 de abril del año 2020. La elección de los/as representantes será por mayoría y no proporcional.

 

La discriminación positiva busca “compensar” desigualdades o injusticias históricas otorgando gratificaciones (subsidios, cupos, etc.).

Institución que profundizó el pensamiento económico radical de libre mercado que actualmente rige en el país. Tuvo sus orígenes en los departamentos de economía de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, y su principal referente fue Milton Friedman. En la década de los 50, un grupo de economistas chilenos de la Universidad Católica de Chile, conocidos  posteriormente como los Chicago Boys, continuaron sus estudios en dicha escuela. Una vez instalada la dictadura cívil-militar en Chile, los líderes de esta le dieron la venia a este grupo de profesionales para que impulsaran una serie de reformas económicas y sociales que dieron vida al actual modelo económico marcado por la privatización, que denominaron neoliberal.

Un concepto político “referido a una forma de organización social, que cuenta con instituciones soberanas, que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional”. En Chile existe un Estado Simple o Unitario integrado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Régimen que se aplica cuando hay un caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación, ya sea por causa externa o interna, y que limita la libertad de locomoción y de reunión. Es decretado por el Presidente y su duración es de máximo 15 días. Una vez que se decreta el Estado de Emergencia para todo el país o bien para cierta zona, queda al mando un Jefe de la Defensa Nacional designado por el Presidente.

Es un régimen especial establecido en la Constitución que habilita poderes extraordinarios y necesarios para la defensa del orden constitucional en situaciones calificadas de anormales. Cuando se declara Estado de Excepción, las autoridades pueden limitar o suspender el ejercicio de los derechos de las personas de manera temporal, pero no privar absoluta y arbitrariamente el ejercicio total de sus derechos y libertades. La Constitución de 1980 contempla cuatro estados de excepción que se mantienen actualmente: Estado de Asamblea, Estado de Sitio, Estado de Emergencia y Estado de Catástrofe.

Hablamos de Estado Subsidiario cuando el Estado de un país se basa en el principio de subsidiariedad, es decir, que el Estado sólo debe intervenir en aquellas actividades que el sector privado o el mercado no pueden realizar. Por ejemplo: si hay una empresa que pueda encargarse del abastecimiento de agua o de electricidad, se le otorga preferencia a que lo haga esa empresa y no el Estado. El Estado sólo participa temporalmente en aquellos sectores económicos en los que los privados no puedan hacerlo por sus limitaciones o por qué no les es rentable participar. Asimismo, el Estado debe abstenerse de intervenir en aquellas áreas en las que los individuos o grupos de la sociedad se basten por sí mismos. Por tanto, el Estado Subsidiario no se caracteriza sólo por reducir la participación del Estado en la vida económica y social, sino también por fomentar la participación privada en todas las esferas de la vida cotidiana (salud, educación, alimentación, vivienda). El concepto del Estado Subsidiario moderno está vinculado con la corriente económica neoliberal de la Escuela de Chicago.

En el caso del proceso Constituyente actual, concepto que se refiere a comenzar la nueva Constitución desde cero, es decir, sin utilizar la Constitución previa –en este caso la de 1980– como base para ir agregando o eliminando puntos. Esto asegura que, en caso de que cualquier artículo propuesto no alcance el quórum necesario, no quedaría vigente otro artículo que existe actualmente acerca del mismo tema.

Los incisos expresan conceptos separadamente, en cláusulas breves y sueltas, generalmente dentro de cada artículo.

Procedimiento para fiscalizar los actos del Gobierno a través de la citación de un/a ministro/a en ejercicio, a quien se le hace una serie de preguntas relacionadas a su cargo y a temas de su competencia. Es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, pero a diferencia de la Acusación Constitucional, el resultado no deriva en la destitución de su cargo. La asistencia del/la ministro/a es obligatoria y deberá responder directamente las preguntas que se le realicen en la interpelación, a cargo de un/a diputado/a en particular.

Es un tipo de ley cuya principal característica es que trata las materias definidas por la Constitución. Principalmente, regula los contenidos y funciones de las instituciones fijadas por ella (por ejemplo: Congreso Nacional, Poder Judicial, Municipalidades, Tribunal Constitucional, etc.). Tiene más jerarquía que una ley común porque se entiende que complementa el texto constitucional. Para su aprobación se requiere de los cuatro séptimos (57%) de los/as diputados/as y senadores/as en ejercicio.

Un conjunto de individuos que ha reunido a través de la historia una serie de elementos que los une y otorga características particulares”, los que comparten un territorio.

Es un término ocupado por algunos intelectuales para referirse al pensamiento económico y político que establece que las leyes del mercado determinan la distribución de los bienes y servicios presentes en una sociedad. En virtud de este modelo, el estado puede delegar algunas de sus funciones al mundo privado, lo que ha permitido una serie de privatizaciones en áreas como educación, salud, servicios básicos, construcción de viviendas y obras públicas, administración de puertos y aeropuertos, entre otras.

Son organismos o medios que cumplen funciones estatales en alguno de sus tres poderes: Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Algunos órganos del estado, de acuerdo a la actual Constitución, son el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Tribunal Calificador de Elecciones, Contraloría General de la República, el Banco Central, y las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad.

La paridad busca asegurar igualdad en los resultados de las elecciones. A diferencia de las cuotas que son medidas excepcionales al funcionamiento normal del sistema, la paridad es una reforma definitiva del sistema político. Este se redefine estableciéndose como un espacio que se comparte igualitariamente por hombres y por mujeres.

 

Cuando un sistema electoral funciona bajo un modo de elección por listas de candidatos/as, el sistema de paridad puede incluir la intercalación de candidatos/as mujeres y hombres, siendo mujer la candidata que encabeza dicha lista. Otra posible opción para asegurar la paridad de género en un sistema político es la elección por papeletas divididas para hombres y mujeres que se eligen por separado. 

Mecanismo jurídico mediante el cual la ciudadanía somete a votación popular una decisión fundamental acerca de su estructura, territorio, derechos u otros temas de interés general o régimen político. Actualmente en Chile, dicho procedimiento se aplica en sólo dos ocasiones: cuando trata materias comunales y cuando trata procesos de reforma a la Constitución. En ambas oportunidades, debe ser convocado por la autoridad competente, aunque constitucionalmente el único plebiscito vinculante es aquel que puede convocar el Presidente de la República en caso de insistencia del Congreso ante la no aprobación de las observaciones que efectúe el Presidente frente a un proyecto de reforma constitucional.

Le Ley 21.200 que modifica la Consitución Política de 1980, firmada en diciembre de 2019,  estipula que se impulsará un Plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas: ¿Quiere usted una nueva Constitución? y ¿qué tipo de órgano debiere redactar la nueva Constitución?. Así, se inicia el proceso para la formulación de una nueva Carta Fundamental, la primera en democracia.

Tras la redacción de la nueva Constitución, los ciudadanos deberán ir a las urnas para ratificar el texto constitucional. Así, los chilenos/as deberán aprobar o rechazar la nueva Constitución. En el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, se detalla que “una vez redactada la nueva Carta Fundamental por el órgano constituyente, ésta será sometida a un plebiscito ratificatorio. Esta votación se realizará mediante sufragio universal obligatorio”.

Poder o autoridad que deriva directamente de la comunidad política o sociedad. El pueblo tiene la libertad política para darse un nuevo orden jurídico a través de la Constitución, teniendo como única limitación el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Opera cuando su titular, el pueblo, demanda la necesidad de un nuevo orden constitucional fundado en la existencia de profundos cambios políticos y sociales. Hay de dos tipos: Poder constituyente originario, que es cuando el pueblo diseña la nueva Constitución, y Poder constituyente derivado, cuando otras instituciones, como el Congreso, lo hacen. Este es el fundamento que diferencia a la Asamblea Constituyente del Congreso Constituyente.

Un proceso constituyente es el proceso fundacional de un Estado democrático que crea una nueva Constitución según la voluntad y las necesidades de los ciudadanos. Se refiere a un conjunto de hechos, actos e instituciones que intervienen y dan origen a un nuevo orden constitucional.

El funcionamiento del órgano constituyente tendrá una duración nueve meses. Este plazo puede ser prorrogable una sola vez por tres meses. Esto significa que el tiempo de trabajo total de la convención puede extenderse hasta por un año como máximo. Quien ejerza la Presidencia de la Convención o un tercio de sus miembros pueden pedir la prórroga.

Se refiere al número de individuos que se necesita para tomar una decisión, en este caso, para la nueva Constitución. En el sexto punto del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución se estipula que “el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio”.

 El objetivo del quórum es proteger grandes temas que la propia sociedad ha establecido como propios, de las mayorías circunstanciales. Es decir, vela por establecer límites a modificaciones propuestas por mayorías temporales.

Ordenamiento jurídico específico de Chile, estipulado en la actual Constitución, en el que se requiere mayoría absoluta de los legisladores para la aprobación, derogación o modificación de ciertas materias.

En la misma Constitución se establece dicho procedimiento que permite añadir, modificar, derogar o suprimir parcialmente el texto constitucional. Es decir, una o más normas, pero no el texto completo. En Chile las Reformas a la Constitución las realiza el Congreso, y requieren para su aprobación del voto favorable de dos tercios, o tres quintos de los/as diputados/as y senadores/as en ejercicio, según el capítulo y materia que quiera reformarse.

Obligación del Estado de reparar patrimonialmente los daños ocasionados por la conducta irregular de los organismos públicos (ministerios, instituciones, etc.) o por el anormal funcionamiento de los servicios públicos, cuando estos lesionen a un particular de una forma que pueda ser atribuida a este organismo o servicio público y esa lesión se haya ocasionado por la acción u omisión del servicio u organismo público, de tal manera que lo haga responsable.

Forma de organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento y cumple funciones por un tiempo determinado. En el caso de Chile, su forma de gobierno es una república democrática presidencialista.

De acuerdo a la Constitución, el Servicio Electoral es un un organismo autónomo, con personalidad jurídica y con patrimonio propio. La institución ejerce “la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral”.

Es el supremo poder político que tiene el pueblo para autodeterminarse. Es decir, es un derecho y capacidad del pueblo en su conjunto para dotarse del orden institucional que mejor le parezca. Hasta la década del 50 en el siglo XX, se pensaba que era ilimitada. Hoy se entiende que su principal límite es el respeto integral de los derechos humanos o fundamentales de todas las personas.

Un sinónimo de subrogancia puede ser delegación o reemplazo de competencias hacia otros, en un tipo de sucesión. Si por cualquier causa una autoridad titular está impedida de desempeñar su cargo, asume el funcionario que le sigue en el orden jerárquico. La subrogancia es un mecanismo de reemplazo automático del/la funcionario/a o autoridad y su duración es temporal.

Sistema electoral en el que tienen derecho a votar todas las personas mayores de edad, sea cual sea su sexo o condición. Este sistema de votación reemplazó, en 1874, al sufragio censitario, el que establecía que sólo las personas con patrimonio económico podían votar. No obstante, este sistema nació muy restringido. Con el tiempo, el derecho a voto ha podido ir ampliándose a cada vez más personas, que no siempre tuvieron derecho a elegir a sus representantes.

 

Debe tenerse en cuenta que apenas en 1949 se aprobó la ley que permitió votar a las mujeres en las elecciones presidenciales y parlamentarias del país, pudiendo ejercer su derecho por vez primera en 1952. Por su parte, los/las no videntes pudieron empezar a votar desde 1969 y los/las analfabetos/as desde 1970. Finalmente, en 2014 se aprobó la ley que permitió a los/las ciudadanos/as chilenos/as residentes en el extranjero poder votar voluntariamente en las elecciones nacionales.

Es un Tribunal establecido por la Constitución para controlar el respeto por las normas constitucionales. Está compuesto por 10 miembros, elegidos por el Presidente de la República, el Congreso y la Corte Suprema. Entre sus funciones, realiza el control preventivo de las leyes que se tramitan en el Congreso. Es decir, durante la tramitación de una ley –en un comienzo, leyes orgánicas constitucionales y leyes interpretativas de la constitución, pero hoy, por la vía de los hechos, se ha extendido a cualquier tipo de ley– vela para que esta no transgreda los contenidos de la Constitución. Esta función ha sido criticada, debido a que implica que los jueces y las juezas del Tribunal Constitucional, que no son electos/as democráticamente, modifiquen o rechacen una ley hecha por el Congreso, que sí es elegido directamente por la ciudadanía mediante sufragio universal.

Instancia que ocurre cuando una autoridad no puede continuar ejerciendo su cargo y debe asumir otra de manera subrogante. En el caso del Presidente, si por impedimento temporal, enfermedad, ausencia en el territorio u otro motivo grave no puede cumplir sus funciones, el cargo subrogante recae en el Vicepresidente de la República, es decir, el Ministro del Interior. Luego se procederá a elegir al/a sucesor/a. La Constitución vigente en Chile indica dos opciones para ello: si faltan menos de dos años para la próxima elección presidencial, el Presidente será elegido por los/as diputados/as y senadores/as, en cambio, si faltan dos años o más para la próxima elección, el Vicepresidente llamará a elecciones presidenciales para 120 días después de la convocatoria. Quien sea electo/a por la ciudadanía, asumirá el cargo hasta completar el periodo que originalmente debió haber cumplido la autoridad a la que él/ella sucede.

Fuentes

*Recopilación de las siguientes más precisiones internas

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) (2020): disponible en https://www.bcn.cl/procesoconstituyente

USACH, “Glosario Constituyente Abreviado: Guía báscia de concceptos y preguntas sobre el cambio constitucional” (2019). Segunda Edición. : disponible en https://www.editorial.usach.cl